A través de la Asociación de Abogados de Laprida, profesionales locales reclaman el pago de sus honorarios como defensores oficiales.
En conversación con los medios, las abogadas Natalia López y Constanza Olalla explicaron que el Ministerio Público les adeuda 6 meses de trabajo. “Nos convoca la falta de pago de nuestros honorarios como Defensores y Asesores Ad Hoc, esto es por causas que se inician de forma gratuita, o sea va una persona al Juzgado solicita al abogado y ese abogado tramita una causa que luego nos paga el ministerio público. Bueno, hoy en lo que va del año 2023, no hemos cobrado ningún peso, nos adeudan todo el año” graficó Olalla.
Según explicaron, hay más de 12 abogados lapridenses en esa situación, ya que un alto porcentaje de las causas que se inician terminan con abogados oficiales, aproximadamente 7 de cada 10.
“Se hace insostenible, la situación es cada vez mas compleja, el servicio continua funcionando cada vez hay mas causas y nos mueve visibilizar el reclamo y que la comunidad sepa de qué manera estamos trabajando” agregó la presidente de la Asociación de Abogados.
Por su parte, Natalia López resaltó que “el año pasado se volvió a repetir esta situación y en marzo se nos terminó de pagar lo del 2022. La gravedad de esto es que no queda el valor actualizado, si no es que el del momento en el que regulaban las causas”.
“Este año no hemos percibido absolutamente un peso de lo que hemos trabajado a la fecha” graficó López. “Estamos muy solos, si bien tenemos un Colegio de Abogados, tuvimos una reunión vía zoom invitando a otras localidades a que visibilicen esta realidad”.
En ese marco, enviaron esta semana dos cartas, una al Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y otra al procurador bonaerense Julio Conte-Grand. “El servicio de justicia lamentablemente esta en alerta porque los abogados somos un factor fundamental para garantizar el acceso a la justicia. Bueno, garanticemos el acceso a la justicia, pero nos tienen que pagar” insistió la abogada.
López explicó: “Queremos dejar en claro que no es que nos debe el Juzgado de Paz, nos deben desde la Procuración General que es un organismo que depende de la Corte Suprema. El Juzgado está en conocimiento de lo que pasa y envía las regulaciones en tiempo y forma” aclaró.
Por último, señalaron que “esto se agrava porque no tenemos ninguna fecha, estamos esperando, y ahora exigimos una fecha. Esperamos si habrá alguna respuesta, y veremos que acciones tomar”.
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